Resumen:
La construcción de políticas universitarias orientadas a atender las problemáticas relacionadas a la justicia social es actualmente una ocupación recurrente, que de a poco se traslada a ser una preocupación legítima, aunque no muy lejos de las concesiones forzadas que pugnan por condiciones dignas de trabajo, estudio y
vida en las instituciones de educación superior (IES). Es cierto que algunas de estas formulaciones han sido impulsadas emergentemente por reformas en la legislación nacional, y/o por recomendaciones en materia de derechos humanos, sin embargo, se han aprovechado los cambios normativos para reforzar y abonar a los momentos históricos en favor de la inclusión, equidad e igualdad de género.
